La tradición autocrática china y Xi Jinping

Jesús Castillo Abascal

Jesús Castillo Abascal estudió chino en la Universidad de Ginebra
y en la Universidad de Lengua y Cultura de Pekín.
Observador de la realidad china, es un profesional con una larga experiencia
en el país, en el que ha vivido durante más de 30 años.

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Cuando se analiza la historia de China, hay una pregunta que reaparece una y otra vez: ¿cómo ha logrado ese país mantener, durante siglos —incluso milenios—, una continuidad tan notable en su organización política, social y moral, sin perder por ello su identidad cultural ni la cohesión de un territorio inmenso?

Una de las respuestas más convincentes apunta a la consolidación temprana de un sistema autocrático que alcanzó una de sus formulaciones más completas con la dinastía Qin, en el 221 a. C. Aquella transformación no solo dio lugar a un nuevo modelo de poder, sino también a una cultura política duradera: un Estado altamente centralizado, una burocracia poderosa, una ideología oficial y una sociedad progresivamente subordinada a la autoridad imperial.

Con el tiempo, China dejó atrás estructuras más plurales y dispersas para convertirse en un imperio jerárquico y uniforme. Ese orden descansaba sobre varios pilares reconocibles: la concentración del poder en un solo gobernante, la ausencia de límites institucionales efectivos, la intervención del Estado en todos los ámbitos de la vida colectiva, la subordinación de la ley a la voluntad del soberano y la integración forzosa de las organizaciones sociales bajo la autoridad política.

La pregunta, entonces, no es solo cómo surgió ese sistema, sino qué mecanismo permitió consolidarlo y reproducirlo durante tanto tiempo.

En ese punto, los exámenes imperiales ocupan un lugar decisivo. Como ha señalado el profesor Huang Yasheng en su libro The Rise and Fall of the East, los exámenes imperiales fueron una de las instituciones fundamentales en la construcción y reproducción del Estado burocrático chino. Aunque existieron precedentes lejanos, su implantación regular no se produjo hasta la dinastía Sui, entre los siglos VI y VII. A partir de entonces, y contra cierta imagen elitista todavía extendida, se convirtieron en un fenómeno de masas, ya que ofrecían una vía excepcional de ascenso social.

Pero su función iba mucho más allá de la selección de funcionarios. Los exámenes imperiales ayudaron a modelar la sociedad entera. Servían para integrar élites, uniformar creencias, disciplinar conductas y monopolizar la producción legítima del saber. No eran únicamente un instrumento de administración, sino también una poderosa tecnología de control político y social.

El contenido de esos exámenes giró durante siglos en torno a las enseñanzas de Confucio y a los clásicos confucianos. No se trataba solo de una formación moral o literaria, sino de la interiorización de una determinada visión del orden. En ella, la unidad política se concebía como un bien supremo, encarnado en la autoridad de un soberano único; la jerarquía aparecía como la base natural de la vida social; y los deberes hacia la colectividad prevalecían claramente sobre cualquier idea de autonomía individual.

Ese ideal encajaba de forma admirable con las necesidades de un imperio burocrático centralizado. Por eso el confucianismo no fue solo una escuela filosófica, sino también una doctrina de Estado. Durante más de dos mil años proporcionó el lenguaje moral de la autoridad y el marco intelectual de la obediencia.

Ahora bien, reducir la tradición política china al confucianismo sería simplificarla en exceso. Bajo su superficie moral operó también otra corriente decisiva: el legalismo. Si el confucianismo aportaba legitimidad ética y una visión armoniosa del orden, el legalismo aportaba la lógica desnuda del poder: la supremacía del gobernante, el uso instrumental de la ley y la subordinación de la sociedad mediante recompensas y castigos.

De esa combinación surgió una fórmula extraordinariamente duradera: una política confuciana en su retórica y legalista en su funcionamiento. Esa síntesis, con distintos matices según las épocas, ayudó a dar forma a una tradición autocrática de enorme continuidad histórica.

Ni la caída del imperio en 1911 ni la fundación de la República Popular en 1949 eliminaron por completo esa herencia. Cambiaron las instituciones, el vocabulario ideológico y las formas de legitimación, pero no desapareció la aspiración a un poder central fuerte, doctrinalmente cohesionado y con amplia capacidad de penetración social. El marxismo-maoísmo desempeñó, en muchos aspectos, un papel funcional comparable al que había ejercido en otros tiempos la ortodoxia confuciana.

Hoy esa continuidad adopta un lenguaje distinto. Se presenta bajo expresiones como «socialismo con características chinas», acompañadas de una retórica moderna, nacionalista y desarrollista. Pero bajo esa formulación siguen siendo visibles patrones muy antiguos: centralización extrema, primacía del orden sobre la libertad, subordinación de la sociedad civil y vigilancia estrecha sobre el pensamiento y la conducta.

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Acrílico sobre lienzo, Wu Mingzhong (武明中), 2006

Desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, esa continuidad se ha hecho aún más evidente. Su liderazgo ha reforzado el control ideológico, la disciplina política y la concentración personal del poder, al tiempo que ha sofisticado los instrumentos tecnológicos de supervisión social. Más que una ruptura, Xi parece encarnar una reactivación contemporánea de viejas constantes de la historia política china.

Sin embargo, esa misma historia ofrece también una lección importante. Los periodos de mayor dinamismo económico, creatividad social y apertura intelectual en China han coincidido, por lo general, con etapas en las que el control ideológico y político se ha relajado. Las décadas de 1980 y 1990, así como los primeros años del siglo XXI, son un buen ejemplo. La apertura al exterior, la circulación de nuevas ideas y una mayor flexibilidad social contribuyeron entonces a desencadenar una transformación sin precedentes, que situó a China en el centro de la economía mundial.

Ese contraste debería invitar a la reflexión. Los problemas que hoy enfrenta la economía china —presiones deflacionistas, debilidad del consumo, desempleo juvenil, crisis inmobiliaria, descenso de la inversión extranjera y graves desequilibrios estructurales— difícilmente encontrarán una salida duradera sin algún tipo de reforma institucional más profunda. Y esas reformas no pueden limitarse al terreno económico: afectan, inevitablemente, a la calidad de la gobernanza política.

En este contexto, Taiwán merece ser observado con atención, aunque conviene hacerlo sin simplificaciones. La isla comparte con la China continental una parte relevante de su herencia histórica y cultural, incluida la impronta confuciana, pero ha seguido una trayectoria política muy distinta. Ha logrado articular instituciones democráticas estables, un Estado de derecho sólido y una economía altamente innovadora, sin renunciar por ello a elementos importantes de su tradición cultural.

No se trata de presentar a Taiwán como un modelo mecánicamente transferible a la China continental, ni de ignorar las enormes diferencias históricas, geopolíticas y demográficas entre ambas realidades. Tampoco de convertir un caso singular en una receta universal. Pero sí de reconocer que la experiencia taiwanesa cuestiona, al menos en parte, la idea de que la tradición cultural china sería incompatible con formas de gobierno más abiertas, pluralistas y sujetas a límites institucionales.

Esa es, quizá, la cuestión de fondo. No si China debe copiar a Taiwán, sino si puede extraer alguna lección de una experiencia que muestra que modernidad, prosperidad, herencia confuciana y pluralismo político no son necesariamente términos irreconciliables.

Xi Jinping contempla Taiwán ante todo como un problema de soberanía y reunificación nacional. Tal vez sería más útil considerarlo también como un desafío intelectual y político. No porque ofrezca una solución directa para el futuro de la China continental, sino porque obliga a replantear una convicción muy arraigada: la de que el orden, la estabilidad y la grandeza de China solo pueden preservarse mediante jerarquía, obediencia y control.

Solo el tiempo dirá si Xi Jinping y su generación representan el tipo de liderazgo que exige la China del siglo XXI. Lo que parece fuera de duda es que las decisiones que adopten no afectarán únicamente al destino de su país, sino también al equilibrio político y económico del mundo entero.